Al igual que la
Constitución de 1886 que reemplazó, la
Constitución de 1991 establece tres poderes de
gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. También establece órganos autónomos con
funciones específicas para el cumplimiento de los cometidos adicionales del
Estado colombiano. El
Poder Legislativo está formado por el Senado y la Cámara de Representantes, que conjuntamente forman el Congreso colombiano El
Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, que cumple
funciones de Jefe de
Estado, Jefe de
Gobierno y suprema
autoridad administrativa. La
Constitución prevé que la
administración de
justicia en
Colombia está a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de
Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la
Fiscalía General de la Nación, los diversos tribunales y jueces y el
sistema de
justicia penal militar. La
Constitución establece que la
administración de
justicia constituye una función pública. La judicatura goza de
independencia para adoptar sus decisiones y sus
procedimientos son públicos. El Consejo de
Estado es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Además presta
servicios como órgano asesor del
Gobierno en cuestiones de
derecho administrativo. La Corte Constitucional tiene a su cargo la jurisdicción constitucional establecida como parte del
sistema judicial colombiano. El Senado elige a los magistrados de la Corte Constitucional por un plazo de ocho años. Los magistrados deben estar capacitados en diferentes ámbitos jurídicos. La
Fiscalía General de la Nación está formada por el
Fiscal General, los fiscales delegados y otros funcionarios. La Corte Suprema de
Justicia elige al
Fiscal General de la Nación a partir de una lista de candidatos presentados por el Presidente, por un período de cuatro años. La
Fiscalía General forma parte del
Poder Judicial y goza de autonomía administrativa y presupuestaria. El Consejo Superior de la Judicatura es también una institución creada por la Constitución de 1991. Está dividido en la Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. La primera está formada por seis magistrados, dos de los cuales son electos por la Corte Suprema, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de
Estado. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria está formada por siete magistrados electos por el Congreso. Órganos de control En la sección en que se describe la
estructura del
Estado y se establecen los tres principales poderes de gobierno, la Constitución colombiana crea también "los órganos de
control", que no pertenecen a ninguno de los tres poderes principales. La Procuraduría General se encarga de realizar
investigaciones disciplinarias e imponer sanciones a los agentes del Estado, tanto civiles como miembros de las Fuerzas Militares. En consecuencia está facultada, por ejemplo, para investigar violaciones de derechos humanos y eventualmente disponer la separación del
servicio de miembros de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional o de cualquier otro organismo estatal responsable de esas violaciones. La Defensoría del Pueblo cumple sus cometidos bajo la
dirección del Procurador General de la Nación. El Defensor del Pueblo es electo por la Cámara de Representantes de una lista de candidatos presentada por el Presidente, por un período de cuatro años. En este mapa conceptual esta la estructura del estado con sus repectivas ramas:
Ministerio de interior y justicia: Es el responsable de coordinar la atención integral del Estado a los Asuntos Políticos, para el fortalecimiento de nuestra democracia, y de la Justicia, para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
